La inversión de fondos y recursos suficientes, por ejemplo, estableciendo presupuestos específicos para las medidas destinadas a mejorar la salud mental en el trabajo, y poniendo los servicios de salud mental y empleo a disposición de las empresas con menos recursos.

El derecho a participar en el trabajo, por ejemplo, armonizando las leyes y reglamentos laborales con los instrumentos internacionales de derechos humanos e implementando políticas de no discriminación en el trabajo.

La integración de la salud mental en el trabajo en todos los sectores, por ejemplo, incorporándola a los sistemas existentes de seguridad y salud ocupacionales.

La participación de los trabajadores en la adopción de decisiones, por ejemplo, mediante la celebración de consultas significativas y oportunas con los trabajadores, sus representantes y las personas que han tenido experiencia directa con problemas de salud mental.

Las pruebas sobre los riesgos psicosociales y la efectividad de las intervenciones, por ejemplo, comprobando que todas las orientaciones y medidas en materia de salud mental en el trabajo se han basado en los datos probatorios más recientes.

El cumplimiento de las leyes, los reglamentos y las recomendaciones, por ejemplo, integrando la salud mental en el ámbito de responsabilidades de las inspecciones nacionales del trabajo y otros mecanismos de cumplimiento.