Las que prevean o impliquen limitación o renuncia al ejercicio de los derechos de los consumidores financieros.

Las que inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor financiero.

Las que incluyan espacios en blanco y para su diligenciamiento no haya instrucciones claras en la carta de instrucciones.

Las que exoneren o atenúen los deberes y responsabilidades propios del objeto social de las entidades vigiladas.

Las que autoricen a las entidades para adoptar decisiones unilaterales o impongan a los CF (Firma Clientes) modificaciones u obligaciones adicionales a las inicialmente pactadas en el contrato, y que le puedan ocasionar perjuicios.

Las que afectan el equilibrio contractual o dan lugar a abuso de posición dominante contractual.